Supino éste, por cierto. Que de golpe y porrazo te bajen los ingresos el cincuenta por ciento, cifra en la que la mayoría estima el descenso que se ha producido en sus recaudaciones, es como para ponerse a temblar y desde luego que la Ley, a la que todos ven como principal causante de la situación, puede comprometer la subsistencia de muchos de estos negocios o en su defecto el puesto de trabajo de los empleados que hay en los mismos. En su tremendo mosqueo, algunos de los empresarios argumentan que mejor hubiera sido prohibir el tabaco, cosa que nunca va hacer el Gobierno pues del precio de una cajetilla cerca del ochenta por ciento son impuestos que van a parar a las arcas del Estado. Así que aunque no se pueda fumar en los bares, se da la incongruencia de que sí pueden vender tabaco, aunque no sería de extrañar que éstos empiecen a quitarse las máquinas de encima a modo de respuesta a lo que entienden es una ley totalmente discriminatoria.

Cuando al político se le acaban las ideas recurre a la prohibición y esta nueva vuelta de tuerca a una ley que llevaba ya cuatro años aplicándose parece sin duda un claro ejemplo de ello. Si con la ley lo que se pretende es garantizar los derechos de los no fumadores ¿no hubiera bastado por velar por un estricto cumplimiento de la ley y de los términos contemplados en su anterior redacción? ¿Si con que se preservase un espacio para los no fumadores en los bares y restaurantes no era suficiente por qué no posibilitar que haya locales para fumadores y locales para no fumadores? Por qué si el hecho de entrar a un bar es totalmente potestativo –¿quién le obliga a un no fumador a entrar a un bar o restaurante de fumadores y viceversa?– no permitir que cada cual enfoque su negocio como quiera. ¿Qué pasa con las inversiones que muchos locales hicieron hace cuatro años para adaptarse al articulado de la ley y que en algunos casos no habrán podido ni amortizar? No se puede legislar perjudicando a unos por el beneficio de otros. Hay que armonizar los intereses de todas las partes.
¿Dónde quedan los derechos de los fumadores? Es evidente que fumar perjudica la salud y que ello termina por elevar el gasto sanitario, pero no habría que hablar entonces, directamente, de prohibir el tabaco. O, puestos a elucubrar, meter a los fumadores en un régimen especial de la Seguridad Social. Y, por rizar el rizo, a los que practican deportes de riesgo… Y, así, hasta el infinito y más allá.

Nadie cuestiona ni se rasga las vestiduras porque se prohiba fumar en los hospitales, en los edificios y transportes públicos, colegios… De preservar a los más pequeños de ambientes contaminados por el humo de los fumadores, ¡pero en sitios de ocio! ¡qué menos que posibilitar la existencia de espacios perfectamente aislados y diferenciados para unos y otros en estos locales! ¡O que los locales decidan porqué tipo de público apuestan!
Los defensores de la ley acuden con frecuencia al ejemplo de otros países europeos donde leyes de este tipo llevan ya tiempo en vigor habiendo sido totalmente aceptadas por la ciudadanía, pero no parece que haya mucha similitud entre los bares de cualquier país europeo y los de aquí, sin que ello quiera decir que es mucho mejor los nuestro que lo de ellos, pero son costumbres totalmente distintas que poco o nada tienen que ver. Además de que nuestra ley es mucho más restrictiva, a decir de aquellos que tienen perfecto conocimiento del tema.

En cualquier caso la ley supone un varapalo para la economía de la hostelería cuando precisamente por unas causas o por otras no pasa por la situación más boyante.