“Yo fumo poco y la ley hará que todavía fume menos...”, fue la respuesta del entrevistado. Sin embargo, el presidente más inepto de la historia de la democracia, se pasó ya toda la entrevista “vendiendo humo”, como si los españoles fuéramos tontos.

Decir que hay ahora más gente trabajando en España que cuando él llegó al Gobierno o explicar los aciertos en su gestión económica es una auténtica tomadura de pelo. Y de aurora boreal las previsiones sobre el gran crecimiento que experimentará nuestro país a partir del año 2013... Como si los Reyes Magos le hubieran regalado una nueva edición de “Alicia en el país de las maravillas”. Hasta Herrera le recordó su parecido con otro personaje de cuento: “Blanca Nieves en el bosque”. Antes, eso sí, de que comenzaran a crecerle los enanitos.

Pero no voy a perder el tiempo comentando una nueva entrega del discurso optimista, demagógico y entusiasta de un presidente empeñado en confundir deseos y realidades. Por poner sólo un ejemplo, les recordaré una cifra que no llevaba apuntada Zapatero: 4.100.073 parados –record absoluto anual– con el que hemos terminado el año 2010. Como le recordó Carlos Herrera, “el paro ya no baja, porque ya casi no queda gente trabajando”.

El paro es la mayor tragedia, sin lugar a dudas. Sin embargo, el problema que acapara la mayoría de las conversaciones de los españoles es otro. Aquí y ahora, lo que mantiene viva la polémica y la controversia es la Ley Antitabaco.

Si les parece, vamos a entrar en el tema, pero sin malos humos. Yo, que fui fumador desde mi más tierna infancia –a los once años ya me compraba tres “peninsulares” sueltos por una peseta en la tienda de “La Lola”, sin boquilla y sin que a ella nadie la denunciara por corrupción de menores– y que lo dejé un poco antes de los cuarenta, a raíz de un tremendo constipado, nunca he tenido la tentación de hacerme de la Liga Antitabaco. Incluso he mantenido el tipo dentro de auténticas nubes de humo, en reuniones interminables y en redacciones de periódicos y revistas donde los no fumadores éramos minoría.

Dicho lo anterior, me parece un auténtico dislate que se quiera presentar como un grave ataque a la libertad individual la prohibición de fumar en locales públicos de reducidas dimensiones o en espacios abiertos frecuentados por niños y por enfermos. El sentido común y la sensatez –dos características poco ejercitadas en nuestra vida cotidiana– deberían imponerse, para evitar situaciones surrealistas y hasta dramáticas.

Yo no voy a denunciar a un señor porque le vea fumando en un bar, ni le voy a mandar una inspección al propietario de un restaurante, porque me encuentre una colilla de cigarro en el suelo. Efectivamente, en esa colilla está el cuerpo del delito, pero también lo está en el energúmeno que ya no mira al fumador como a un semejante, sino como a un apestado. El término “tolerancia cero al tabaco” o la afición al “prohibir, que algo queda” me parecen una peligrosa concesión a imposiciones más propias de la Inquisición o de regímenes nazis y fascistas.

La medida tomada por este Gobierno –una de tantas, que busca alimentar divisiones en lugar de encuentros– hay que asimilarla desde la normalidad, sin romper las máquinas expendedoras de tabaco por un lado, y sin abrirle la cabeza al camarero que educadamente le solicita a un cliente la necesidad de apagar su cigarrillo, por otro.

Los gobiernos y las administraciones están en su derecho de imponer una serie de normas, que los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir, pero lo que no puede hacer es vender al mismo tiempo –con impuestos leoninos incluidos– un producto en aquellos lugares donde ni siquiera se puede consumir. El tabaco es tremendamente dañino para la salud, pero como lo es el alcohol o la contaminación en las grandes ciudades.

Puestos a prohibir, habría que prohibir las cortinas de humo que expande este Gobierno, ante su incapacidad manifiesta para acabar con el paro. O prohibir salir de casa poco abrigado –que luego hay que ir al médico–, impedir la práctica de deportes de riesgos o la ingestión de fabadas y cocidos que disparan la tasa de colesterol.

Está bien promocionar los “hábitos saludables”, pero sin pasarse. El derecho a la salud no puede colisionar con el derecho a ejercer la libertad individual de equivocarse.