En algunos casos, como por ejemplo el de la remodelación de la calle Francisco Aritio, el desencuentro se produjo casi al punto de tomar posesión de sus cargos, cada uno en su respectiva institución, y se va a cumplir el mandato con mínimos progresos con respecto al mismo, a pesar de que la financiación de la Junta estaba comprometida y el proyecto se había presentando por activa y pasiva. Ni que decir tiene que si Alique hubiera retenido la Alcaldía probablemente los coches ya estarían circulando por la nueva vía o estarían a punto de hacerlo, con seguridad antes del próximo mes de mayo. Cada institución justifica su actuación y su postura en el tema y desde luego que la culpa siempre está en la acera de enfrente.

El Plan Astra es el último y otro más de los enfrentamientos mantenidos entre ambos gobiernos, municipal y regional, que ha vuelto a poner de manifiesto que la voluntad de llegar a acuerdos entre unos y otros es desde un primer momento escasa, por no decir nula, a pesar de que el principal beneficiario de esos acuerdos es el ciudadano. Pero bueno, en ambos casos el ciudadano puede transigir con dichas situaciones pues, mal que bien, los autobuses del Astra circulan por las calles de la capital, aunque sea sorteando a la vez que acumulando multas –a saber cómo y cuando se sustanciarán– y por Francisco Aritio se circula sin mayores problemas que hace cuatro años, aunque como imagen que trasmite de la ciudad al que se adentra en ella por esta vía, desde luego, que no es la mejor.

Al ciudadano, en ambos casos, le puede resultar patético el espectáculo político pero, como decíamos, puede transigir con la situación porque al bolsillo, al menos directamente, le afecta poco. Otra cosa es cuando se habla de un asunto como el de las viviendas del Fuerte de San Francisco, otro escenario en el que se dilucida otra batalla más entre Ayuntamiento de Guadalajara y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aunque en este caso con 1.004 familias pendientes de cómo se resuelva el conflicto entre ambas instituciones. 1.004 familias que pueden sufrir las consecuencias fuertemente en sus economías, ya que si no pueden formalizar la compra de la vivienda antes de que finalice el ejercicio de 2010 perderían la desgravación fiscal. Toda una “pasta” que en unos momentos como los actuales todavía cobra más importancia. Eso además de que la situación está provocando la alteración de unos planes, los de esas 1.004 familias, que pasaban por tener las viviendas a su disposición desde el mes de julio. Claro que eso según estimaciones totalmente razonables, concepto éste, el de razonable, que no entra en el cacumen algunos políticos.

El Ayuntamiento tendría que recepcionar las obras que permitirían a los compradores obtener la licencia de ocupación y, así, poder escriturar antes de que termine el presente año. Pero para ello se tendría que haber terminado las obras de urbanización ¿responsabilidad de quién? Del agente urbanizador. Pero ¿quién le aprieta a éste…?
Y en esas estamos entre Junta y Ayuntamiento, discutiendo por un aval, si es necesario o no, y con 1.004 familias pendientes, que sienten que sus intereses parecen los menos importantes. Pues tendrán que explicárselo. Y bien, porque 1.004 familias son muchos votos. Máxime con unas elecciones a la vuelta de la esquina.