El otro día fue “el sermón de la montaña” de Zapatero –al que probablemente le denuncien por plagio algunos de nuestros más ilustres autores de libros de autoayuda–, pero antesdeayer fue el pinganillo que colgaba de la oreja de Manuel Chaves, escuchando la traducción al castellano del discurso de su paisano José Montilla en el Senado. Cuando dos andaluces no se entienden en una misma lengua común, el castellano, y tienen que recurrir a la traducción simultánea, algo grave está pasando.

Lo mismo podríamos decir de ese empeño tan entusiasta que tienen algunos por prohibir a sus conciudadanos ejercer la libertad individual, que se supone reconocida en cualquier Estado de Derecho. Los aficionados a los toros, si CiU no cambia de postura, tendrán que salir de Cataluña para disfrutar de unas cuantas verónicas. Como los fumadores tendrán que salir del restaurante o del salón de bodas para fumarse un puro.

En este país, gobernado por incompetentes que un día defienden una cosa y al siguiente la contraria, ya nadie puede extrañarse del descrédito, ni de la mala imagen de la clase política. El ciudadano normal no se explica ciertas actitudes y comportamientos. No puede entender que se siga hablando de crisis y de la necesidad de pactos de Estado para afrontarla, cuando gobierno y oposición, sindicatos y empresarios, llevan dos años sin hacer nada para solucionar los problemas.

Mientras unos culpan a los otros de los fracasos, y los otros culpan a los unos de llevar a España a la ruina, la comunidad internacional reclama medidas. Y contempla con estupor la caída en picado de nuestra imagen y de nuestra economía. El daño que se está infringiendo al prestigio de España por no afrontar seriamente los problemas será difícil de restaurar en mucho tiempo.

Es verdad que algunos ajustes ineludibles se han puesto en marcha. Algo es algo. Sin embargo, el recorte del gasto en el gobierno central y en las administraciones autonómicas se queda en lo superficial, en lo anecdótico. A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, privatizar las televisiones autonómicas –y menos ahora, un año antes de las próximas elecciones autonómicas–, ni promover un plan de ajuste serio en los gastos corrientes o en las campañas de imagen en el interior y en el exterior –con embajadas incluidas–, que sólo sirven para disimular las lagunas de una gestión manifiestamente mejorable.

Las últimas encuestas de opinión ponen en evidencia el descontento de la población con sus actuales dirigentes, pero tampoco muestran una confianza explícita en una alternativa que despierte ilusión y esperanza. La valoración de los diferentes líderes está por los suelos. Hasta el punto de elevar a un nacionalista catalán moderado, como Josep Antoni Duran Lleida, a la cabeza del ranking de “mejor valorados”. Y eso, a pesar de la desafección que se supone despierta para el resto de los españoles el territorio en cuya circunscripción se presenta el secretario general y portavoz de CiU.

Pero lo más ridículo y lamentable de todo lo que está pasando es la imposibilidad de llegar a acuerdos. Es curioso que ni en un tema tan acuciante como el de la reforma laboral se pueda consensuar un texto en el que se incluyan algunas demandas de los empresarios y algunas demandas de los sindicatos. Es decir, un acuerdo de mínimos, en el que basar la necesaria y urgente política de reactivación económica.

Cuando hasta Isabel Sartorius y Doña Letizia charlan de forma natural y amistosa en una terraza de El Pardo, cuando hasta el Príncipe Felipe saluda afectuosamente a un soldado disfrazado con un burka o cuando en el Senado se habla sin problemas –salvo los que lleva aparejado la contratación de traductores– en distintos idiomas, resulta que nuestros líderes políticos, sindicales y empresariales son incapaces de firmar acuerdos que nos saquen de la postración en la que nos encontramos.

Y lo más grave es que encima
les pagamos para que solucionen
nuestros problemas.