Consciente de que el agua es sinónimo de desarrollo, no sólo de los pueblos ribereños sino también de la llanura manchega, el presidente regional, José María Barreda, había hecho “cuestión de estado” del tema, a pesar de que el común de los mortales que habitan esta provincia –probablemente en el resto de provincias de la región la historia se diferencie poco– eso del Estatuto les suene a música celestial y a pesar de que, más allá de los pueblos ribereños, lo de los trasvases no llegue a ser ni ese leve pellizco que te toca la fibra sensible, desde el convencimiento, incluso, de que poco de su futuro les va en ello.
¡Parece que en el Estatuto no se contemplaran otros asuntos de interés para la región! Claro que Barreda también es consciente de que la no implicación del PP en la defensa del agua para Castilla-La Mancha sería –será– un arma con la que tratar de desgastar a su oponente María Dolores de Cospedal en la próxima confrontación electoral. Y que, por el contrario, ganarla para la “causa” podría presentarse igualmente como un éxito debido a su talante conciliador. El caso es que la presidenta regional del Partido Popular ha jugado sus bazas con una contraoferta que sabía que Barreda no iba a aceptar y habiendo estado durante todo el tiempo más influenciada por las presiones de sus correligionarios de Murcia y Valencia –que han celebrado jubilosamente la devolución del Estatuto–. Y probablemente convencida de que los argumentos que puede esgrimir en Castilla-La Mancha le pueden servir para salvar la cara y que no le van a complicar en exceso sus intereses electorales.

Como explicara Bono en más de una ocasión, hay una España seca y una España húmeda y lo lógico es llevar el agua de donde sobra hasta donde falta. Por eso él se sumó a un Plan Hidrológico a pesar de que lo impulsara el gobierno que presidiera José María Aznar. Un Plan Hidrólogico que se cargó la ministra Cristina Narbona en virtud de unas desaladoras que pasaban por ser la solución y de las que ya nadie se acuerda, ni habla. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas funcionan? ¿Qué servicio dan? ¿Responden a los objetivos que las inspiraron?
Está claro que la reserva hídrica que se contemplaba en el Estatuto pudiera haber sido una solución para los pueblos ribereños e incluso mucho más para la llanura manchega. Pero tanto o más claro que el agua que se llevan los murcianos es que la solución al agua debe venir por un pacto de Estado ajeno a los intereses políticos de los distintos partidos, ya sean gobierno u oposición, ya estemos hablando de una u otra comunidad o ya se trate del ámbito regional o del nacional.

PD.- La alcaldesa de Fontanar se ha descolgado amenazando a la oposición antes de que estos convocaran una rueda de prensa. ¡A ver que iban a decir no fuera que les faltase pueblo para salir corriendo! La estulticia y la desfachatez no tiene límites, los hay quien viven anclados en el pasado sin la más mínima evolución. Parece que eso de la democracia o el Estado de Derecho no va con ellos. Y lo peor es que pretende seguir presentándose.