La reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid –siempre dispuesta a robarle titulares a Mariano Rajoy– me parece una reacción acertada, aunque quizás no haya sabido explicar bien lo que quería decir con el término rebelión. Se puede uno rebelar contra una injusticia, y no por ello está proponiendo la insumisión contra una decisión desafortunada del Gobierno de España.

Esperanza Aguirre ha hecho, en mi opinión, lo que muchos españoles deberíamos de hacer más a menudo, cuando un gobierno –da igual si es central o autonómico, de izquierdas o de derechas– toma medidas que van en contra de nuestros intereses. El derecho a protestar, a rebelarse de forma pacífica, es un derecho democrático que tenemos los ciudadanos y que apenas ejercemos, salvo para manifestar nuestra opinión en cuestiones de menor calado. La subida del IVA supone una nueva carga impositiva, para la tambaleante economía de millones de familias españolas.

No entiendo, entonces, por qué algunos dirigentes socialistas se alarman y se asustan cuando escuchan la palabra “rebelión”. ¿O es que sólo se puede uno rebelar contra la derecha, porque el simple hecho de serlo? Me preocupa que en una democracia, donde los derechos de los ciudadanos tienen que ser la bandera del propio sistema de libertades, haya tanto miedo a decirle a un Gobierno que no estamos dispuestos a paliar con más subidas de impuestos sus errores.

Incluso, me atrevería a decir que tampoco estamos dispuestos a subvencionar con el incremento del IVA su contrastada ineficacia, ni a pagar los gastos millonarios de una Administración que no sabe administrar sus recursos en tiempos de crisis, ni tampoco los sueldos de unos servidores públicos que no hacen honor a este nombre. Es decir, que no sirven para nada.

Me rebelo –ejerciendo mi derecho democrático a ello– contra aquellos que ven en una subida de impuestos la solución a su propia incapacidad de generar confianza y puestos de trabajo. Me rebelo contra una medida que penaliza todavía más el consumo y la capacidad adquisitiva de los españoles, mientras se siguen derrochando ingentes cantidades de dinero en televisiones autonómicas sectarias –incluida por supuesto la de Esperanza Aguirre–, que sólo sirven para aplaudir todo lo que hace el gobierno de esa comunidad y ocultar lo que hace la oposición, salvo aquello que pueda ser objeto del palo y tente tieso.

Me rebelo también contra la infinidad de parásitos en estado contemplativo que venimos alimentando desde hace años en las distintas administraciones y organismos públicos, en lugar de tenerlos trabajando en cometidos que sí son necesarios para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Me rebelo cuando se nos pide desde el Gobierno sacrificios y apretarse el cinturón, mientras los gastos generales del Estado aumentan de forma arbitraria.

Me rebelo, por supuesto, contra la existencia de ministerios que no sirven para nada, salvo para encargar estudios absolutamente innecesarios o protagonizar campañas de imagen y propaganda, como ocurre con el Ministerio de Igualdad, el de Vivienda o el de Ciencia y Tecnología. Sobre todo, en estos momentos, cuando gran parte de sus competencias están ya transferidas a las comunidades autónomas. ¿Se imaginan el dinero que el Estado podría ahorrarse con estos recortes? ¿Se imaginan lo que nos alegraría a los ciudadanos que ese dinero ahorrado fuera destinado a la creación de empleo o a la corrección de un déficit público que sigue creciendo e hipotecando a futuras generaciones?

Tampoco hay que tener miedo a criticar la actual estructura del Estado de las Autonomías. Y subrayar que en época de crisis es un lujo que muy pocos se atreven a denunciar. El Gobierno de España y los otros 17 gobiernos que ejercen sus competencias en otras tantas comunidades autónomas tendrían que predicar con el ejemplo.

Por cierto, ¿cómo quieren la factura?. Con IVA o sin IVA.