El pleno extraordinario celebrado a petición de siete concejales del Grupo Municipal Socialista por las presuntas “irregularidades” en el servicio del agua por parte de la empresa Guadalagua se desarrolló según el guión previsto, con un equipo de Gobierno reafirmándose en la decisión adoptada de privatizar el servicio del agua y con los dos grupos de la oposición pidiendo responsabilidades por los hechos de las últimas semanas, la principal la emisión de recibos del tercer cuatrimestre del agua de 2009 sin estar aprobada la matrícula. En el caso de IU, las acusaciones fueron dirigidas a los concejales de Economía y Servicios Públicos, a quienes el concejal de la coalición pidió la dimisión, mientras que en las críticas del PSOE estuvieron centradas en el alcalde, a quien se le exigió que asumiese las culpas y que sancionase a la empresa. No hubo sorpresas de última hora y el equipo de Gobierno se acogió al Reglamento del Pleno aprobado durante esta Legislatura para distribuir la duración de las intervenciones, una situación que ya había sido criticada por la oposición debido a la escasez de tiempo.

Comenzó la sesión plenaria el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Juan Antonio de las Heras, quien defendió la labor de la empresa encargada del servicio del agua, Guadalagua, tras las acusaciones vertidas en las últimas semanas por la oposición y que han motivado la celebración de este pleno. De las Heras, que criticó a los grupos municipales del Partido Socialista y de Izquierda Unida de intentar hacer “ruido mediático”, negó que Guadalagua hubiese cometido una irregularidad en cuanto al cobro de recibos, ya que “la concesionaria ha emitido una matrícula no válida”.El también senador apuntó que no han sido tan numerosas las quejas que se han recibido por las “presuntas irregularidades” ya que de las cinco bajas del servicio que se han producido y por las que se cobraron 55 euros en su totalidad, ya se han devuelto a cuatro de los usuarios el importe, mientras que el cambio de un contador, por el que, según la oposición se pretendía cobrar 115 euros, tan sólo era “un presupuesto”. El también senador apuntó la posibilidad de llevar a los tribunales a varios miembros de la oposición “por decir que se ha regalado dinero a una empresa”.

El concejal de Izquierda Unida José Luis Maximiliano fue el primero de la oposición en intervenir y lo hizo pidiendo las dimisiones del concejal de Economía y Hacienda y del de Servicios Públicos. El portavoz de la coalición insistió en que “el control del servicio del agua en Guadalajara lo tienen Guadalagua y que los responsables son los concejales, que en el mejor de los casos son unos incompetentes, porque en el peor de los casos serían cómplices”. Maximiliano cifró en 900.000 euros la cantidad que se hubiese embolsado la empresa concesionaria del servicio de manera irregular en caso de que se hubiese hecho efectiva la primera factura y pidió al equipo de Gobierno la puesta en funcionamiento de una oficina para que atiendan “caso a caso” a los ciudadanos de la capital afectados.

NUEVAS IRREGULARIDADES
Por su parte, el portavoz del grupo Municipal Socialista, Daniel Jiménez centró sus críticas en la figura del alcalde, Antonio Román, a quien acusó de “desaparecer cando surge un problema”. El representante del PSOE indicó que la privatización del agua ha servido “para llenarse los bolsillos de dinero” y “mal invertirlos en obras, sin gusto, del casco histórico” que además “han ocasionado numerosas molestias a los vecinos”.

Jiménez aseguró contabilizar hasta 20 incumplimientos respecto a lo contenido en el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio, entre ellas dos que hasta ahora se desconocían. La primera es que todavía no se ha creado la creación de una Comisión de Seguimiento, un órgano que debería reunirse cada seis meses y que estaría formado por técnicos municipales, empleados de la empresa y con Román como presidente. El segundo de los incumplimientos, según los socialistas, sería la imposibilidad de que Guadalagua pueda cambiar los contadores, puesto que debe ser una empresa autorizada para ello y ésta no lo es. Jiménez pidió la apertura de un expediente a la empresa adjudicataria a la vez que aprovechó para declarar sobre el alcalde que “es una lástima que no tenga alguna de las propiedades del agua, trasparencia y claridad”. En los turnos de réplica hubo más de lo mismo, puesto que desde las diferentes bancadas esgrimieron los mismos argumentos que en la primera intervención, eso sí, con algo más de tensión.

Cerró el pleno el alcalde, que en una intervención de cerca de un cuarto de hora, en la que defendió la labor de su equipo de Gobierno y cargó contra la oposición.