Hasta ahora, la mejor manera de eternizar un problema era crear una comisión para estudiarlo. Al menos, así lo tenemos asumido los españoles desde hace mucho tiempo. Sin embargo, las palabras se desgastan con el uso y lo que antes era crear una comisión, que alargaba el problema y no conducía a ninguna meta, se ha cambiado por debates sobre debates. “Hay que debatir seriamente sobre el futuro energético de este país”, afirma de carrerilla la portavoz de la oposición, como para salir del paso. Faltaría más, señoría.

Pero decir esto es no decir nada. Los ciudadanos españoles –al menos el que suscribe– demandan decisiones, soluciones y no debates que deberían de haber sido resueltos hace ya muchos años. El ciudadano de este país –machacado por una crisis de la que otros han salido ya hace tiempo–, lo que quiere realmente es recuperar el pulso perdido, el trabajo que probablemente ya no tiene y una mayor eficacia en la gestión de los asuntos públicos.

Demanda, en una palabra, que se informe sin demagogia y que se llame a las cosas por su nombre. La ATC (Almacén Temporal Centralizado), por mucho que se intente disimular bajo unas siglas, es un cementerio nuclear. Y punto. Pero ojo, un cementerio que sirve para dar vida a los pueblos donde se instale.

Lo decía ayer mismo uno de los alcaldes que se ha sumado al concurso de la ATC, después de que lo hiciera la corporación de Yebra. “Queremos que la gente vuelva, que las aulas del colegio estén abiertas”, ha dicho también el edil de Villar de Cañas, en Cuenca. ¿Dudas sobre la seguridad? Pues que los técnicos, y no los políticos, tomen la palabra y expongan con pelos y señales dónde, cómo y por qué se puede producir el riesgo.

La polémica desatada en torno al cementerio nuclear –o Almacén Temporal Centralizado– ha servido para retratar en toda su dimensión la epidemia de hipocresía política que estamos viviendo. El ministro José Montilla aprueba un concurso para la instalación de la ATC en España y unos meses después se manifiesta en contra de que se instale en Ascó, aunque así lo hayan pedido los representantes de los ciudadanos en ese municipio. No se puede ser más falso e hipócrita.

María Dolores de Cospedal, por la mañana secretaria general del Partido Popular y por la tarde presidenta de ese mismo partido en Castilla-La Mancha, amenaza con sanciones a quienes se postulan para albergar ese cementerio de residuos nucleares, que anteriormente nadie veía con tan malos ojos en Génova. Bueno sí, lo veían probablemente las encuestas. Es decir, no es un problema de seguridad, sino de “inseguridad” en lo que pueda ocurrir en las elecciones autonómicas y municipales de la primavera de 2011.

La lamentable actuación de los dirigentes políticos en este asunto –de uno y de otro signo, porque ya está bien de tomar el pelo a la gente con eslogan supuestamente progresistas como “nucleares, no gracias”– demuestra también la incapacidad que tenemos para afrontar los grandes temas nacionales, cuando están por medio unas elecciones.

Un puñado de votos –quizás muchos menos de los que se calcula– no puede impedir que sigamos siendo el hazmerreír de los países de nuestro entorno. Unos cientos de votos no pueden paralizar un proyecto que ha sido aprobado por el Gobierno y respaldado por la oposición, como no puede paralizarse un Plan Hidrográfico Nacional, ni la construcción de nucleares o la instalación de fuentes de riqueza que entrañen riesgos y molestias.

Para proponer “serios debates” que no conducen más que a la melancolía y al aburrimiento, no necesitamos a nuestros políticos. En Francia nos almacenan nuestros residuos, pagando el alquiler correspondiente, y en Marruecos nos ponen facilidades para importar energía. El problema es que estamos ya endeudados hasta las cejas y cansados de tantas pancartas obsoletas.

Aclárense ya, por favor, señores del PP y del PSOE y pónganse de acuerdo. Antes de que sea tarde y nos lleven al otro cementerio.