El asunto que provoca la sentencia: la valoración de los terrenos que se expropiaron por el Ayuntamiento, hace ahora algo más de seis años, para la ejecución de las obras de ampliación de la depuradora y que los propietarios denunciaron al no estar de acuerdo con el precio pagado por el Ayuntamiento.

Está claro que si bien la valoración hubiera podido ser distinta, pero es obvio no cabía la expropiación de unos terrenos distintos.

Lo malo no es que el gordo le haya tocado al Ayuntamiento, sino que cada uno de los vecinos vamos a recibir nuestra parte alícuota “del premio”, porque si al final el Ayuntamiento tiene que pagar, el dinero va a tener que salir del bolsillo de cada uno de nosotros. Más o menos trescientos euros por vecino. O lo que es lo mismo, unas cincuenta mil pesetas de antes.

Se dicen que en el término medio está la virtud, aunque no ha pensado igual el TSJ que, entre los treinta euros pagados por el Ayuntamiento y los más de trescientos solicitados por los vecinos, se ha plantado en los doscientos ochenta, atendiendo en gran medida las pretensiones de estos últimos.

Ante un hecho que podría suponer un quebranto económico de semejantes proporciones al Ayuntamiento y por ende a los vecinos, se hace inevitable buscar responsables y evidentemente las miradas han de dirigirse forzosamente hacia aquellos técnicos que hicieron la valoración pertinente, que contrasta de tal manera con la realizada por el más alto órgano de la judicatura regional. Y nos encontramos con el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, se supone una garantía de independencia en la interpretación de la legislación vigente referida al tema, como salvaguarda de los intereses de las partes. Es por ello que resulta incomprensible tanta diferencia de valoración.

Es casi imposible que no se trate de instrumentar el asunto políticamente, aunque difícil lo van a tener de utilizar unos contra otros porque si, por un lado, cuando se producen las sentencias es el PP, con Antonio Román a la cabeza, quien está al frente del Ayuntamiento, cuando se produjeron las expropiaciones era el PSOE, con Jesús Alique, y su “socio” de gobierno IU quienes regían los destinos de la ciudad. Y como la expropiación se produjo cuando apenas hacía unos meses que éstos se habían hecho con el Gobierno municipal, seguro que la mayor parte del expediente se tramitó con el anterior gobierno del PP.

En principio parece bastante congruente la postura de Antonio Román. No voy a criticar las herencias recibidas, voy a defender los intereses de Guadalajara. Ha venido a decir. Y eso es lo que hace falta, una sentencia justa que no lesione los intereses de ninguna de las partes, que unos y otros defienden legítimamente.

Es tanto el dinero que va en ello que habrá que permanecer atentos a ver que falla el Supremo. Porque como “salga cruz”… ¡a ver que privatizamos ahora!