Es bastante habitual pedirle al juez que le meta veinte años de cárcel, incluso antes de que el instructor del caso obtenga las pruebas evidentes de su culpabilidad. También se escuchan en algunas tertulias, con evidente falta de rigor, críticas feroces al tribunal, pero sin tener información contrastada. Es decir, sin conocer la sentencia, ni los considerandos.

El caso de Diego Pastrana, padrastro de la niña de tres años fallecida en Tenerife, nos tiene que hacer reflexionar a los periodistas, y también a los profesionales de la medicina y de la policía. Evidentemente, “la cara del asesino” que apareció ilustrando algunas portadas de periódicos nacionales es una barbaridad. Un tremendo error, inducido por la negligencia de unos médicos –que curiosamente informaron antes a la prensa que al juez de agresiones físicas y de una supuesta violación– y por la precipitación de unos policías que dieron por bueno el informe del médico de guardia, en lugar de esperar a conocer los resultados de la autopsia.
El “Crimen de Cuenca” pertenece a una España muy distinta a la actual, pero aquí no escarmentamos.
Los detenidos sólo son culpables de un delito cuando se demuestra que efectivamente lo han cometido.
No se puede asistir al linchamiento de una persona por las apariencias ni por un informe equivocado.
Diego Pastrana no es un salvaje
criminal, que además ha violado a la hija de su compañera sentimental, una niña de tres años. El condenado, sin pruebas, es una víctima de la
locura colectiva en la que vivimos.

A Diego Pastrana se le ha tratado con el mismo desprecio y la misma crueldad que a los condenados por el “Crimen de Cuenca”, aunque insistiera una y otra vez en que la niña se quejaba desde unos días antes, cuando se golpeó la cabeza al caerse de un columpio. Pero el juicio paralelo estaba ya en marcha y no se paró hasta cinco días después. Hasta que se conoció la causa real de la muerte de la pequeña. Sólo defendía la inocencia de Diego la madre, pero con escasa fortuna, por su presunta relación con las drogas.

Nada más descubrirse el tremendo error, cuando el informe del forense obligó a entonar el mea culpa, todos buscamos alguna excusa. El daño estaba ya hecho, pero porque se habían dado por buenas las primeras informaciones médicas, confirmadas en algún caso por la policía. La noticia
–tampoco nos olvidemos– tenía un morbo especial.

El problema, por lo que respecta a esta profesión, es el que siempre he denunciado: falta de rigor y profesionalidad. En España, algunos periodistas
–y también muchos ciudadanos–
no vemos sospechosos, sino culpables. Antes incluso de ser alguien procesado, le mandamos a la cárcel o le vapuleamos por chorizo, corrupto o lo que toque en ese momento. No somos conscientes del daño irreparable que le infligimos a un ciudadano, que
luego se demuestra que es inocente.
La foto en la primera página del
periódico –“la cara del asesino”–
ya la ha visto media España.

Hace algunos días, con motivo de la visita a Onda Cero de un grupo de magistrados, tuve la oportunidad de conocer su opinión en cuanto al tratamiento informativo que se da a las noticias de Tribunales. Y les aseguro que su respuesta no fue positiva, sobre todo cuando las decisiones de los jueces protagonizan las tertulias y se hacen juicios de valor que no están avalados por el conocimiento de las sentencias.

Sin embargo, cuando les pedí a estos magistrados que explicaran sus sentencias en la radio o en cualquier otro medio, para evitar esta mala práctica, no encontré respuesta. Alegan que no les autoriza el Consejo General del Poder Judicial, que si intervienen en una tertulia radiofónica pueden generar el efecto contrario: más polémica, etc. “Los jueces hablamos en las sentencias”, dicen para curarse en salud.

Pero este es otro cantar. Ahora lo más importante es aclarar las circunstancias de la muerte de Aitana y reparar los agravios, en lo que puedan repararse.

Y, sobre todo, no hacerse preguntas como ésta: ¿qué le hubiera pasado a Diego, si no se hubiera llevado a cabo la autopsia? Que cada palo
aguante su vela.