Los graves incidentes ocurridos en Pozuelo hace unos días son el resultado de una larga cadena de despropósitos relacionados con la educación. Son la consecuencia lógica de una perdida de valores y de una degeneración del principio de autoridad, como ha reconocido el ministro de Educación, Ángel Gabilondo.

La detención de siete menores a altas horas de la madrugada, acusados de atentado contra la autoridad, debería hacernos reflexionar. Y hacer reflexionar, sobre todo, a los padres consentidores que, en lugar de asumir su responsabilidad, se ponen delante de una cámara y dicen sin inmutarse: “es imposible que mi hijo haya podido hacer una cosa así”. En lugar de reconocer que su niño es un descerebrado, que se divierte lanzando botellas y piedras a la policía.
Las declaraciones del padre de uno de los detenidos en Pozuelo son el mejor ejemplo de la escala de valores que tienen algunos de nuestros jóvenes. El hombre, compungido por la salvaje actuación de su retoño, dijo una cosa que me ha llamado poderosamente la atención: “mi hijo no se siente culpable, ni cree que haya hecho nada malo”. Por lo tanto, si la criatura no tiene remordimientos, ni considera que su comportamiento violento deba ser censurado y castigado, apaga y vámonos.

Pero, antes de irnos a ningún lado, me parece importante preguntarle a este padre sufridor lo siguiente: ¿qué educación ha recibido su hijo para no darse cuenta de que está mal lanzar piedras a la policía, quemar contenedores de basura y jugar a la “kale borroka”?. En su escala de valores, ¿qué importancia tiene el respeto a las leyes y a los encargados de hacerlas cumplir?, ¿cómo es posible que nadie le haya explicado que quien la hace la paga?.

Y esto no es lo más grave. Lo realmente grave es cómo interpretan y castigan los jueces estos actos delictivos; estas salvajadas y estos atentados contra las fuerzas de orden público. Pues aquí tienen el ejemplo: tres meses sin poder participar en fiestas o en ferias, pasadas las diez de la noche.

Menudo escarmiento. Vaya palo. Imagínense a las “pobres criaturas” desesperadas, sin poder disfrutar del botellón con sus amigos hasta principios de diciembre. Y siéndose vigilados por un funcionario que hará guardia en la puerta de sus casas hasta altas horas de la madrugada, para comprobar que los “pequeños salvajes” están a buen recaudo y cumplen de forma disciplinada el arresto.

Porque, fíjese usted, qué faena. ¡Pobre niño, que lo único que hizo fue repeler la agresión de esos policías energúmenos que quisieron amargarle la fiesta...!. Que me disculpe el juez que ha puesto en libertad a los detenidos, pero mucho me temo que la sanción hubiera sido otra si en lugar del asalto a una comisaría se hubiera tratado del asalto a su juzgado.

Si no fuera porque la situación es mucho más preocupante de lo que nos quieren hacer creer algunos, yo le propondría al juez que ha instruido el caso que arbitrara alguna medida de gracia. Por ejemplo, reducirles la condena a un par de fines de semana. O llevarles el cubata y el calimocho a sus domicilios, para que no se sientan discriminados.

Imagínense el trauma que puede sufrir una criatura como esa al ver, de pronto, coartada su libertad de divertirse en las fiestas más próximas. Y todo por culpa de una gamberrada. Porque la otra noche en Pozuelo se le cruzaron los cables y estuvo a punto de abrirle la cabeza a un policía que quiso amargarle la fiesta, suprimiendo un masivo, animado y descontrolado botellón.

Las “actividades extraescolares” son un buen complemento para la educación de nuestros jóvenes, pero algunos se empeñan en incluir entre las nuevas materias la bronca del fin de semana.

Y eso sólo da problemas; además de poner en evidencia las muchas lagunas de una educación permisiva, donde se cuestiona la autoridad de los padres y profesores, y aquí no pasa nada...

Hasta que pasa.