Última actualización 27/03/2009@09:01:01 GMT+1
Ha pasado mes y medio desde el asesinato de Marta del Castillo en Sevilla y los supuestos autores siguen jugando con la justicia y con la paciencia de la policía. Y, lo que es más doloroso y cruel, con la familia de la víctima. Parece un juego macabro. Engañan a la policía con declaraciones falsas o contradictorias, tergiversando la realidad y cambiando las declaraciones. Entorpeciendo, en definitiva, de forma intolerable la búsqueda del cadáver de la joven.
Esta panda de niñatos, probablemente asesorada por alguien sin escrúpulos, en lugar de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, ha logrado lo que parecía imposible: tener a la policía y a los cuerpos de bomberos rebuscando día y noche en los fondos del río Guadalquivir, a sabiendas de que el cadáver de Marta del Castillo se encontraba –según las últimas declaraciones– en un vertedero. Habría que preguntarse cómo han conseguido engañar a unos expertos investigadores y al juez que instruye el caso, pero eso no le quitaría un ápice de gravedad a la actuación de estos salvajes adolescentes.
Me parece que no cabe en mente humana mayor crueldad, ni mayor desfachatez –sobre todo cuando ya se ha asumido la autoría de una muerte inocente–, que burlarse de la justicia y jugar con el dolor de la buena gente. Tampoco deja de ser sospechoso que se quiera imputar ahora como autor directo del delito, y de una supuesta violación, al tal “Cuco”, que es menor de edad y, por lo tanto, objeto de un tratamiento penal mucho más benévolo, según nuestro actual ordenamiento jurídico.
Si la nueva versión se hubiera producido a los pocos días de la detención, los ciudadanos de este país habríamos entendido mejor ese engaño a la justicia. Incluso lo hubiéramos achacado al miedo, a los nervios, o incluso a la inmadurez de los culpables de que Marta del Castillo, con apenas 17 años, ya no pueda volver más a sonreír, ni a sentir el cariño de su familia y de sus amigos.
Las circunstancias que han rodeado la muerte de esta joven sevillana y la incertidumbre que rodea la búsqueda y localización de su cadáver ponen de manifiesto el grado de perversión al que pueden llegar los autores de crimen. Unos niñatos, como decía anteriormente, que probablemente están siendo asesorados en sus interrogatorios por personas que conocen los entresijos de la ley y que confunden la defensa del delincuente con el engaño, para esquivar a la justicia.
Es muy duro tener que esperar mes y medio para saber que todo lo que se ha dicho hasta ahora en el caso de Marta del Castillo puede ser una gran mentira. Me parece deplorable y bochornoso –como ya comenté aquí en su momento– que la niña de catorce años que salió en Telecinco acompañada de su madre, y que dijo desconocer que su supuesto novio estuviera involucrado en la muerte de Marta, rectifique y diga ahora ante el juez que tuvo conocimiento del crimen nada más haberse cometido.
Hay que acabar con este cachondeo macabro, que se suma a la falta de confianza que los ciudadanos españoles tenemos en la justicia. Cuando no es un juez que se dedica a viajar y a cobrar cifras millonarias por conferencias que pagan entidades a cuyos responsables tiene luego que enjuiciar, es un delincuente que está en la calle porque a un magistrado se le ha olvidado ejecutar la sentencia.
El triste espectáculo al que asistimos adquiere mayor dramatismo por el ensañamiento y la falta de arrepentimiento de estos salvajes niñatos, que se niegan a colaborar con la justicia. Mentir en una declaración judicial es frecuente, porque ello no acarrea una pena añadida para el que hace esa declaración. Por lo tanto, tendremos que asumirlo como otra laguna más de nuestro ordenamiento jurídico.
Bien está que se reclamen las facturas de los trajes de Francisco Camps o que se investiguen hasta el final los casos de corrupción en comunidades y ayuntamientos, pero sin olvidar nunca que cuatro niñatos llevan ya un mes toreando a la justicia, sin confesar dónde está el cadáver de la joven sevillana.
Y esto sí que es hacerle un traje a la justicia y un flaco favor a la ya de por sí escasa confianza de los ciudadanos en sus instituciones.