En el primero, un 15 de marzo de 2007, eran 4.000 los solicitantes y 336 las viviendas; es decir, una de cada doce personas se haría con una vivienda de protección oficial o lo que es lo mismo las posibilidades de hacerte con un piso a precio de ganga eran del 8 por ciento. El precio del metro (1.000 euros) venía a suponer un ahorro entorno al 50 por ciento que incluso podía ser mayor pues, en función de la zona, los precios del mercado libre subían considerablemente. Lo dicho toda una ganga.

En el segundo de los sorteos, cinco meses después (el 17 de agosto de 2007), las posibilidades de resultar agraciado se reducían considerablemente ya que subía el número de solicitantes (6.721) y bajaba el de las viviendas a sortear (164). La probabilidad era de algo más de un 2,4 por ciento; es decir, una de cada 40 personas se haría con una vivienda. La impresión de los agraciados venía a ser como si le hubiera tocado la lotería.

Ahora que las posibilidades han subido considerablemente (2.644 demandantes, 557 viviendas; un 21 por ciento o una de cada cinco personas), el resultar agraciado, más que un motivo de alegría puede ser resultar toda una frustración. Frustración que ya embargó a muchos de los agraciados en los dos sorteos anteriores que, en su momento no pudieron acceder al crédito con el que pagar las viviendas, teniendo que renunciar a las mismas. Con la crisis sobrevenida, las renuncias en esta ocasión pueden aumentar de manera exponencial, primero porque las diferencias entre el precio de las viviendas de protección oficial y las libres se empiezan a reducir sensiblemente y segundo porque frente al endurecimiento en la concesión de créditos por parte de las entidades bancarias, las condiciones económicas que las bases exigen a los aspirantes hacen que los ingresos de los mismos no sean suficientes como para acceder a un crédito hipotecario. Y si ahora no pueden acceder a una vivienda en unas condiciones que se suponen ventajosas ¿cuándo van a poder hacerlo? Se preguntan muchos de los jóvenes que son los que conforman la mayoría de los demandantes en uno y otros sorteos.

Aunque no sabemos con exactitud, a pesar del tiempo transcurrido, cuántas son las viviendas que hay sin ocupar de los sorteos anteriores, si es que las hay, o cómo se tuvieron que cubrir al final; a pesar de las diferencias puestas de manifiesto, hay un resultado común que se desprende de estos sorteos y es las dificultades que tienen ciertos colectivos para acceder a un derecho básico y constitucional, como es el de una vivienda digna. Otra de las conclusiones que se pueden extraer es que la realidad dificulta considerablemente que estos proyectos lleguen cumplir con el fin que los inspiró. Tal vez la Junta no tenga más margen de maniobra pues en la redacción de las bases no le queda otro remedio que ajustarse a lo que exige el Ministerio de Fomento, pero no es menos cierto que en las circunstancias actuales estos sorteos tienen poco sentido, razón más que suficiente como para reconsiderar su idoneidad o una adaptación a las circunstancias actuales.

El resto de diferencias entran más dentro del anecdotario que de otra cosa. Los dos primeros se realizaron con una bolsa municipal promovida por Alique pero que Román se cargó de un plumazo, lo cual parece más lógico. Es decir, que al final sólo haya una bolsa de demandantes centralizada en la Junta, que es la que va a servir de base para este sorteo. Otra de las diferencias fundamentales es el carácter del sorteo, el primero se hizo a bombo y platillo en el David Santamaría. Todo un espectáculo que Alique montó y que no se quiso perder o mejor dicho en el que quiso acaparar todo el protagonismo sin valorar que le podía costar la alcaldía, como luego, en definitiva, ocurrió. Este último se hará, ante notario, en el despacho del delegado de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, lo que quiere decir que las lecciones se aprenden -¿todas?-.

Aunque eso es lo accesorio y la situación obliga a centrarse o llegar a lo fundamental.