Una lista de 823 personas, con sus nombres y apellidos y lugar de procedencia, fusiladas en Guadalajara entre el 1 de abril de 1939 y el 12 de diciembre de 1943, condenados por Consejos de Guerra en la realidad más amarga, no ya sólo de una Guerra Civil, sino también de la represión de un régimen franquista. Son datos irrefutables de sentencias parajudiciales y juicios sumarios, donde las pruebas eran circunstanciales, pero la condena subraya la motivación política.

La Ley de la Memoria Histórica, aprobada en octubre de 2007, en su artículo 3 declara “ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.

Este es el dato que el Foro por la Memoria de Guadalajara ha revelado en su empeño denodado para recuperar la memoria de los desaparecidos que alcanza mucho más del recuerdo de una cifra, pues aboga por el derecho a saber que pasó y que no consiste solamente en el derecho individual que toda víctima, o sus familiares, tienen, sino también el derecho a la verdad como un derecho humano colectivo que tiene su origen en la historia, para evitar que los errores se repitan.
”Se trata de recuperar la memoria histórica democrática de aquellas personas que murieron y lucharon por defender las libertades. Creemos necesario luchar por la justicia, por la dignidad de esas personas y por la reparación”, explica Julio García, responsable de este movimiento en Guadalajara, convencido de que ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea.

Cotejando
fosas y condenas

“De este listado de fusilados, de momento sólo ha sido posible localizar a unos 30 familiares, casi todos de fuera de Guadalajara, porque la represión también castigó a las familias con sentencias de destierro.”, explica Julio García, apuntando que ha recibido llamadas desde Barcelona, Zaragoza, o incluso Venezuela. Aun sin familiares que reclamen, el listado al completo es reivindicado por el Foro de la memoria alcarreño, “porque la Ley para defender los derechos humanos no se hizo pensando en los supervivientes, ni siquiera en los familiares, se hizo pensando en esos miles de personas que sufrieron represión y no tienen quienes les defiendan. Esto no son palabras más, sino palabras del fiscal Robert H. Jackson en el juicio de Núremberg, que nosotros asumimos plenamente”
Para recoger este listado el Foro por la Memoria ha utilizado el libro de enterramientos del cementerio municipal de Guadalajara (a los condenados a muerte de toda la provincia se les trasladaba a la capital), donde se identifican las fosas y también el “parte de enterramientos” donde figura como causa de la muerte, “por orden del Tribunal de Ejecuciones o por sentencia”.
“Hemos tenido que purgar los casos de delitos comunes y completar algunos datos de los apellidos, recurriendo a las copias de las sentencias del Archivo Histórico Militar, y de hecho todavía estamos en fase de investigación, por lo que la lista puede ser más amplia”, apunta García.

Esto en cuanto a casos con sentencia judicial, pero hay más. “Nunca sabremos el número de represaliados que hay extrajudiciales, que se produjeron sobre todo en la zona de Molina de Aragón y Sigüenza, tenemos unos 20 nombres por información de familiares, pero seguro que son muchos más”.

Esperando

De momento el Foro por la memoria no ha aportado la lista de estos 823 fusilados, al procedimiento que lleva el juez Garzón. “Estamos esperando que se resuelva el conflicto de competencias, y lo que pedimos es que se resuelva cuanto antes, que la Fiscalía se declare competente y declare competente al juez Garzón cuanto antes y entonces presentaremos la lista. Corremos el riesgo que si no se declara competente todas las investigaciones se declaren nulas, por eso estamos a la espera” explica el representante del Foro en Guadalajara . “Si no lo declaran competente, entendemos que la Fiscalía tiene que decir que organismo es competente, las Audiencias Provinciales u otro, y allí llevaremos nuestros documentos de investigación y presentaremos las querellas.

La Ley y
el derecho a saber

Aunque el Foro por la Memoria, surgió como asociación en 2002 impulsado por el movimiento de izquierdas, declaran su independencia de cualquier sigla política, y su objetivo de ir más allá de las Asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo objetivo es el de dar respuesta a las familias de los fusilados, queriendo profundizar en una respuesta social.

En Guadalajara este foro comenzó a funcionar en enero pasado, aglutinando el interés de algunos familiares de represaliados y de quienes, como Julio García, que ni es familiar, ni siquiera es de Guadalajara, buscan la dignidad democrática y el deber de recordar que apela a los derechos humanos. “Existe una Guadalajara que ha sido acallada y ha estado silenciosa durante setenta años, que está saliendo a la luz”, asegura Julio, quien apostilla que “la otra Guadalajara, la que pudo sufrir persecución en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, ya tuvo todos los honores, reconocimientos públicos y prebendas institucionales”.

García niega que esto sea reabrir viejas heridas. “es todo lo contrario, ha habido heridas abiertas durante todos estos años, de quienes incluso han tenido que sufrir su duelo en silencio, e incluso humillados, que sólo se pueden cerrar de esta manera. Recuperar la memoria no sólo es desenterrar huesos, es también hacer justicia y desenterrar también las ideas. Recordar porqué lucharon y murieron esas personas”. Un ánimo de justicia, que no de revancha, que permita mirar al futuro sin complejos.

El 28 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, comúnmente conocida como "Ley para la Memoria Histórica".

Desde las asociaciones del Foro para la Memoria Histórica se valoró esta ley aunque con muchas reticencias. Consideran positivo el hecho de que la ley que condene institucionalmente el franquismo, dado que suponía la primera vez en España que -desde un punto de vista institucional y con un soporte jurídico y normativo- que se condenaba la dictadura franquista. Sin embargo, no ocultaron su decepción al considerar la Ley insuficiente en tanto en cuanto no fija la nulidad radical de los tribunales represivos franquistas y las sentencias de ellos emanadas.

Aunque los juicios no son anulados, el preámbulo de la ley establece que ante las demandas individuales o colectivas de revisión de juicios, la Justicia no podrá rechazarlas invocando las leyes de la dictadura, definidas como represoras y contrarias a los derechos fundamentales.

La Ley si incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil, las víctimas de la dictadura y su derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal. También asume la responsabilidad de la Administración para establecer el procedimiento de la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados, hasta entonces realizadas desde entidades privadas (como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica -ARMH- y el Foro por la Memoria) . Además preveía la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas.

Desde el Foro por la memoria se recalca que la recuperación de la memoria histórica ni ha nacido con el actual texto legal ni se acababa con la aprobación de la ley.

Por eso, tras la aprobación de la Ley, el Foro por la Memoria mostraba su satisfacción por la decisión del magistrado Baltasar Garzón de admitir a trámite las denuncias presentadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica democrática de toda España y asumir la competencia de la investigación.

El Comité de derechos humanos de la ONU respaldó la decisión del juez frente al recurso del fiscal y pidió a España que eliminara la Ley de Amnistía de 1977 porque "los delitos de lesa humanidad no prescriben", tal y como defendió Garzón. España firmó, cuatro meses antes de aprobar esa ley, hace 31 años, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Foro de la Memoria histórica también considera que la Ley de Amnistía debería anularse, porque solo dice que los delitos están amnistiados, “pero asume que la sentencia y el juicio fue legal, que es lo mismo que decir que los represaliados eran culpables y eso lo que consideramos una injusticia que debe ser corregido”.

La Ley de Amnistía de 1977 ha sido uno de los principales argumentos utilizados por el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contra el sumario que ha iniciado el juez Baltasar Garzón para llevar a cabo una investigación acerca de los crímenes cometidos por la dictadura franquista.

Sin embargo, ahora la Audiencia Nacional ha dictado la suspensión de la apertura de las fosas de la represión franquista de manera cautelar, es decir, hasta el momento en que decidan si la propia Audiencia Nacional es competente para investigar.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía previsto ayer jueves, 13 de noviembre, tomar su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, pero nuevamente la decisión ha quedado nuevamente aplazada.

LAS FOSAS Comunes de Guadalajara

Fosa común de Guadalajara, que alberga a 823 republicanos fusilados entre 1939 y 1943, más un centenar de presos muertos por enfermedad.

Aquellos condenados que pedían confensarse en elúltimo momento se les colgaba sun nombre, sin embargo quienes se negaban eran enterrados sin identificar.

Los tres céntimos de don Ángel
Don Ángel ha gastado casi hasta el último céntimo que tiene en intentar cumplir la promesa que le hizo a su padre en la cárcel de Guadalajara, la víspera de su fusilamiento: "Defiende el buen nombre de la familia", le dijo. Don Ángel tenía 11 años.

La colección de cartas, peticiones oficiales, oficios judiciales y otros, que don Ángel ha usado para intentar cumplir la promesa hecha a su padre, alcanza la cifra de 116 documentos, que don Ángel, ya cansado, ha donado al Foro por la Memoria de Guadalajara, y al Archivo Histórico Provincial. Hay cartas al rey, a Aznar, a todos los ministerios y archivos imaginables desde el año 82 aproximadamente, cuando este gran luchador comenzó su solitaria cruzada.

Como éxito a todos sus requerimientos, lo único que ha conseguido es una respuesta del Ministerio de Justicia, donde ante la petición de la ANULACION de las sentencias de sus padres, le dicen, que "sus delitos ya han sido amnistiados por la Ley 46/1977", es decir la Ley de Amnistía del 77. Esto fue hace unos diez años. La Constitución derogó las leyes franquistas, pero no es lo mismo DEROGAR que ANULAR. Para las leyes actuales, los padres de don Ángel fueron culpables y los tribunales que les juzgaron, legales. Pero en el 77 "se les perdonó". La verdad es que no hacia falta, pues la Comisión liquidadora de Responsabilidades Políticas, esa que dirigía en 1947 el ex ministro monárquico Eduardo Aunós, ya les habia "perdonado". La ley de Amnistía del 77 hizo lo mismo, lo mismito que Franco en el 47.

También ha escrito don Ángel a la Asociación de Derechos Humanos, y al Ministerio de Exteriores, pidiendo que el asesinato de su padre sea considerado "crimen de lesa humanidad" (sin respuesta).

Finalmente, intentando demostrar la ilegitimidad del Tribunal que condenó a su padre, escribió en 1994 al entonces ministro de Defensa, García Vargas, y luego a su sucesor Suárez Pertierra, pidiendo información sobre los conocimientos jurídicos de los miembros del tribunal que juzgó a su padre, intentando demostrar que los jueces no eran tales y no estaban capacitados ni legitimados para juzgar o condenar a nadie. Ante todo esto lo que obtuvo es una carta del Ministerio de Defensa, indicándole que "los componentes de los tribunales que dictaron la sentencia, eran militares". También pidió que se modificara la acusación de "adhesión a la rebelión" diciendo que su padre no se rebeló contra nadie, sino todo lo contrario. Los que se rebelaron fueron los golpistas que le mataron. Todo ello para intentar conseguir la nulidad de la sentencia. Ha intentando dar respuesta a todas y cada una de las falsas acusaciones (once) que aparecen en la sentencia de su padre, sin conseguirlo. Agotado y totalmente arruinado, actualmente está a punto de acabar en un asilo, cosa que intentaremos evitar.

El padre de don Ángel, Wenceslao Jiménez, concejal socialista de Mondéjar, unos días antes de ser fusilado en las tapias del cementerio de Guadalajara, el 7-8-1940, con otros ¡42 compañeros!, decidió cortarse el pelo, para "estar presentable ante la muerte". El peluquero de la cárcel, también preso, de nombre Eusebio Ambite, natural de Hontoba (Guadalajara), se quedó tan impresionado por su entereza, que cuando salió de la cárcel en los años 40, fue a visitar a don Ángel, y le devolvió esos tres céntimos que su padre le había pagado por cortarle el pelo aquel día. Los tenía guardados desde entonces. Hoy don Ángel me enseñó esas tres monedas de un céntimo. Es casi lo único que le queda. Espero que algún día pueda cumplir la promesa que hizo a su padre y veamos verdad, dignidad y justicia para todas las víctimas del franquismo.

Texto escrito por Julio García Bilbao en la web del
Foro por la Memoria: www.foroporlamemoria.info

Homenaje a Gregorio Tobajas
En lalista de los 823 fusilados en Guadalajara aparece Gregorio Tobajas Blasco, sacerdote secularizado, periodista y presidente de la Diputación.

Tobajas nació en Sigüenza en 1907. Fue ordenado sacerdote y estudió teologia en Roma. Era sacerdote de Cubillas del Pinar, un pequeño pueblo cercano a Sigüenza.  En 1932, guiado por su compromiso social, dejó los habitos y se casó por lo civil en el ayuntamiento de Guadalajara con la maestra del pueblo, Francisca Redondo. Ello fue un escandalo tremendo en el obispado de Siguenza, tremendamente conservador. El matrimonio tuvo dos hijos, Ana y Francisco.

Fue redactor jefe del semanario Abril, de izquierdas. Se afilió al PSOE y la UGT. Durante la campaña de 1936, participa en numerosos mitines en la provincia, donde descata como orador.

Al comenzar la GCE, funda la FTT en Guadalajara, que llega a tener 18.000 afiliados en la provincia. Se llevan a cabo numerosas colectivizaciones que UGT , a diferencia de CNT, intenta regular y no imponer. En 1938, se celebra un congreso de FTT en Guadalajara. Su compromiso social le llevó a ser vicepresidente de los Jurados Mixtos (magistratura del trabajo). Poco despues es nombrado Gobernador Civil y presidente de la Diputacion. Al finalizar la guerra, huye a Alicante con la intencion de tomar un barco al exilio. No lo consigue y es detenido. Es trasladado con cuarenta presos alcarreños a Guadalajara, donde son recibidos con insultos y las camionetas recorren la calle Mayor ante escarnio y ataques del público allí congregado. El regreso y recorrido de esos cuarenta presos fue similar a un auto de fé.

El 15 de enero de 1940 es juzgado y condenado por Adhesion a la Rebelion, por la Auditoria de Guerra de Guadalajara. Varias veces es torturado. En abril tiene un infarto, pero sobrevive. Le ofrecen conmutación a cambio de repudiar a su esposa e hijos y volver a la religión. Pero él lo rechaza.

Es fusilado el 3 de marzo de 1940 junto a 19 compañeros.

El Foro por la memoria pretende que Guadalajarale rinda homenaje y le dedique una calle y espera reunirse enbreve con la presidenta de la Diputación, Mª Antonia Pérez León para presentarla su propuesta.