Quedaban confirmadas así las sospechas de la Oposición cuando en el Pleno de julio se dio el primer visto bueno al Reglamento tras más de dos horas de debate político.

El teniente de alcalde, Jaime Carnicero, encargado de defender el áspero punto, realizó una amplia exposición que venía a vender las ventajas que la aprobación de dicho Reglamento traerá para los ciudadanos. El documento regula las relaciones entre la futura entidad suministradora y los abonados, señalándose los derechos y obligaciones básicas para cada una de las partes. Carnicero se refirió a la mejora en la presión del agua y en la atención para la reparación de averías, entre otros aspectos, e hizo hincapié en que “viene a cubrir vacíos legales”, a lo que el portavoz socialista, Daniel Jiménez, contestó que “vacíos es precisamente como van a dejar los bolsillos de los ciudadanos”. Y es que, según el PSOE, que se basa en la experiencia de otras ciudades como Alcalá de Henares, el recibo del agua se verá con el tiempo incrementado; a lo que Carnicero respondió con un simple y vago “no tiene por qué”. Maximiliano, de la misma opinión que Jiménez, se dirigió a Carnicero para apuntarle que “no hace falta ser futurólogo empresarial –como antes le había llamado a él– para saber que el precio se va a incrementar”.

Por el contrario, firme en su argumento y contundente en sus ideas, el teniente de alcalde explicó que la privatización del agua, o “gestión indirecta”, “no implica la pérdida de la titularidad municipal, el servicio sigue siendo del Ayuntamiento e, incluso, se potencia”. Además, reprochó a la Oposición su discurso “alarmista” y “catastrofista”.

El concejal de IU, José Luis Maximiliano, recordó, además, que el PP privatizará el agua “de espaldas a la ciudadanía”, ya que no figuraba en su programa electoral.

El portavoz socialista pidió la retirada del punto del orden del día, ya que por error el texto final no incluía algunas de las alegaciones propuestas por los socialistas que habían quedado aceptadas previamente. Intervino entonces el alcalde. Tajante, dijo que el documento no se iba a retirar, que los errores quedarían subsanados y que “lo único que hace usted –dirigiéndose a Jiménez- es intentar dilatar y retrasar los proyectos”.

Previo al debate de este punto, se trató otro en el que el PSOE presentó un recurso de reposición para dejar sin efecto el acuerdo plenario del 4 de julio por “cuestiones formales”. Como ya se debatió entonces, los socialistas recordaron que dicho punto no fue sometido a votación en la Comisión, presidida por Jaime Carnicero. No obstante, éste manifestó, como así fue, que el recurso había sido presentado fuera de plazo. A partir de ahí, Carnicero y el socialista Carlos de la Fuente iniciaron un cruce de discusiones que se remontaron a su época estudiantil, protagonizando el momento más distendido del pleno. De la Fuente anunció que su Grupo presentaría un recurso ante los tribunales.

Por último, Daniel Jiménez hizo pública su sorpresa ante la aparición del logotipo en el programa de Ferias de tres empresas relacionadas con la gestión del agua. El alcalde, quitando importancia a la cuestión, aseguró que la colaboración era absolutamente normal y añadió, irónico, que, “para su tranquilidad”, la colaboración de estas empresas no iba a puntuar en el concurso.

Adiós al botellón

Por otro lado, quedó aprobada también con los únicos votos del PP, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, famosa ya por la inclusión de la prohibición del botellón dentro del término municipal, salvo en casos advertidos por el Ayuntamiento. La concejala de Seguridad, María José Agudo, agradeció la colaboración de las personas y asociaciones que no sólo han realizado alegaciones sino también “muchas sugerencias” para enriquecer el texto definitivo.

Para el concejal socialista Eusebio Robles, la Ordenanza no trae nada nuevo y es “una manera de incrementar considerablemente las sanciones económicas”. Además, advirtió del “difícil cumplimiento” de algunas normas “si el Ayuntamiento no dota a la ciudad de infraestructuras”. Agudo trajo a colación las supuestas declaraciones del PSOE “en los medios de comunicación” donde había dicho que “los jóvenes eran tratados como delincuentes”. “Éso no lo hemos dicho en ningún momento”, aclaró añadiendo que el texto era algo que “los ciudadanos pedían, pero también lo pedía la Policía” que hasta que entre en vigor, en el mes de octubre, carece de un “instrumento jurídico” con el que actuar.