Barranca Bermejo es una región petrolera, con riquezas inmensas que han convertido la zona en un foco continuo de disputas y conflictos armados. La población civil es la mayor víctima de estas disputas.
“Mi compañero era el presidente de CREDHO y llevaba 18 años trabajando, tuvo dos atentados contra su vida. Tenemos siete compañeros asesinados, otros tantos desaparecidos, exiliados, detenidos. Yo estuve tres años, fui amenazada y tuve que salir” dice esta valiente mujer con tristeza. La corporación hace trabajo permanente de denuncia y detección de la violación de derechos humanos. La región está controlada por los grupos paramilitares “en connivencia con el Gobierno, el ejército y la policía”explica Alexandra y continua “hablar de derechos humanos en un país como Colombia, donde el responsable de los crímenes es directamente el Estado por acción y omisión y por ser el director de los grupos paramilitares nos cuesta la vida”.

La corporación saca un informe semestral sobre la situación de derechos humanos, a través de documentación y fuentes directas. Además, hacen seguimiento de los casos. Adicionalmente, hacen investigaciones temáticas.

El terror de la desaparición

La última que realizaron fue sobre desaparición forzada. “Logramos documentar 300 casos de desaparición forzada en la región el los últimos 3 años” expone Alexandra. “Acudimos a los juzgados y comprobamos que no hay ninguna persona detenida ni juzgada por estos crímenes. Esto deja en evidencia la complicidad de los actores con el Estado”. La publicación del informe fue la gota que colmó el vaso, las amenazas, el seguimiento, se hizo más fuerte y tuvieron que salir del país.

En los casos que denuncian, hay reserva total de las fuentes. “Aunque han entrado en nuestras oficinas y nos han robado documentación, discos duros de los ordenadores...” dice resignada.

En 16 años trabajando, ninguna víctima ha sido acosada por denunciar su caso en CREDHO. Sin embargo, si acude a la fiscalía a denunciar un hecho, “por la noche tiene en su casa al paramilitar diciéndole que tiene que retirar la denuncia irse de la ciudad o correr el riesgo de morir” afirma Alexandra.

Con la muerte de la mano

“Uno vive en la zozobra permanente, cuando sales a la calle, estás todo el tiempo escuchando quien viene por detrás, pensando en si me cogen, que me maten, pero no me desaparezcan” manifiesta esta periodista, “vives con la muerte agarrada de la mano casi todo el tiempo”.

La justificación cuando alguien es víctima es “algo habrán hecho”. Sobre todo con las judicializaciones. Los sindicalistas detienen al defensor o al líder social de defensa de los derechos humanos, a través del montaje judicial y “cuando son puestos en libertad por falta de pruebas son asesinados” explica Alexandra. “Otra cosa que hacen es que matan a las personas y les dejan un letrero con el motivo por el que lo han matado: por drogadicto, por ladrón, por homosexual”.

Alexandra manifiesta que quien tiene la obligación de sancionar algún acto delictivo es el Estado, no ningún grupo armado. “Nadie puede matar a nadie porque robó, se le debe juzgar. Cualquier persona por grave que sea el hecho que haya cometido, tiene derecho a un juicio justo”. Alexandra explica que los juzgados no trabajan, sino los paramilitares, “que es la suplantación del Estado, que por acción y omisión no cumple con sus deberes de garantía”.

Desapariciones, torturas... las mujeres las que más sufren
Las violaciones de derechos humanos más habituales son las ejecuciones extrajudiciales. La desaparición forzada como mecanismo de terror se ha impuesto de manera dramática, una de las mujeres cuyo esposo había desaparecido decía “me han robado el mismo dolor de la muerte, no lo puedo llorar, no sé donde está el cuerpo”. La tortura, cada vez es más cualificada. Y por último, los exilios forzados: más de 3 millones de personas se encuentran en esta situación.

La violencia sexual contra la mujer es perpetrada por todos los actores armados.

Por otra parte, como no hay justicia, muchas víctimas se toman la justicia por su mano, incorporándose a grupos armados, porque quieren vengar la muerte de sus familiares. “La impunidad genera un círculo de violencia que si el Estado no interviene nunca va a parar” afirma Alexandra Loaiza.

Las soluciones para esta mujer pasan primero porque “el Estado reconozca su vinculación con los grupos paramilitares y con la estrategia de guerra contra la población civil. Desestructure los grupos paramilitares y se desconecte totalmente de ellos”. Consideran imprescindible el diálogo con los grupos insurgentes para terminar con un conflicto que ya dura 40 años. Además, son necesarios cambios estructurales en el sistema político, social y económico de Colombia. Alexandra hace un llamamiento: “es fundamental que sepan que desde aquí también se puede trabajar y aportar para que nosotros desde allá podamos seguir haciendo nuestro trabajo, buscando una sociedad más justa y en paz”.