El Gobierno prepara una ley que obligará a las comunidades autónomas y ciudades a tomar medidas para garantizar una calidad mínima del aire y que prevé que cuando se superen determinados límites se puedan suprimir actividades contaminantes, como el tráfico automovilístico la expansión urbanística.

El Ministerio de Medio Ambiente presentará hoy viernes este anteproyecto de Ley que sustituirá la vigente Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1972 (desfasada por la Constitución, por las normativas comunitarias e internacionales), al objeto de dotarnos de una legislación básica acorde con las circunstancias y exigencias actuales.

La normativa aborda la gestión de la calidad del aire y la protección de la atmósfera a la luz de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la fuente misma y de quien contamina paga, y desde un planteamiento de corresponsabilidad, con un enfoque integral e integrador.

El nuevo texto articula una batería de instrumentos que van desde los más específicos para actuar sobre la calidad del aire o para la limitación de emisiones, pasando por los de carácter horizontal de evaluación, información, control e inspección hasta aquellos indispensables para fomentar la protección del ambiente atmosférico ya sean de tipo económico y administrativo, o para promover la investigación, el desarrollo y la innovación y la formación y sensibilización pública.

La nueva norma establece que las autonomías tendrán que dividir el territorio en zonas, según los niveles de contaminación, identificando las que superen los niveles permitidos. Esta zonificación “deberá ser tenida en cuenta en la elaboración y aprobación de los planes urbanísticos y de ordenación del territorio”. La futura ley fija que si se superan los niveles de contaminación, las comunidades y ayuntamientos fijaran “las medidas de control o supresión de aquellas actividades que sean significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico”.

La ley prevé “medidas económicas, financieras o fiscales que favorezcan la prevención y reducción de la contaminación atmosférica”. El anteproyecto contempla también, la creación de un sistema nacional de información y vigilancia de la contaminación y obliga a las comunidades a enviarle los datos de forma periódica.

El texto incluirá un régimen sancionador (hasta 2 millones de euros para las infracciones muy graves); incentivará los acuerdos voluntarios de las empresas de descontaminación y obligará a las administraciones a informar a los ciudadanos sobre la contaminación de forma clara y comprensible.